La movilización ciudadana empieza a arrojar beneficios

Opinion
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Antes de materializarse, la marcha contra la corrupción y la impunidad convocada para hoy domingo por decenas de organizaciones y comunicadores sociales ha comenzado a arrojar frutos, compeliendo a las autoridades judiciales a reclamar indemnización por los sobornos de 92 millones de dólares que la constructora Odebrecht reconoció en el país.
La convocatoria ya catalizó el debate nacional en las últimas dos semanas, generalizando la indignación y los reclamos de sanciones, que esta semana incluyeron a las asociaciones empresariales, a intelectuales y religiosos, creciendo la convicción de que solo la presión sostenida de la ciudadanía logrará sanciones que limiten la alta corrupción.
Indignación generalizada. La marcha convocada contra la corrupción y la impunidad ha catalizado el debate y la movilización ciudadana, incentivando la indignación nacional frente al escándalo generado por la confesión de los ejecutivos de la Odebrecht ante la justicia estadounidense de que habían pagado sobornos en 12 países por 788 milllones de dólares, 92 de ellos aquí.
La protesta, que comenzó entre comentaristas radiofónicos y de televisión, se expandió progresivamente en las redes sociales y el flujo de informaciones sobre las enérgicas acciones emprendidas en los otros países latinoamericanos generalizó el escándalo en los medios de comunicación, aún en los más conservadores frente a la corrupción gubernamental y política.
La constitución de un amplio comité organizador de la movilización contribuyó a detonar pronunciamientos como los de las asociaciones empresariales y la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM), que agrupa a más de 30 organizaciones sociales que incluye a muchas de empresarios, religiosos y de acción ciudadana.
Hasta el obispo de Baní, monseñor Víctor Masalles, exhortó a apoyar la marcha sosteniendo que “la corrupción es un flagelo silente que corre por las venas del país”.
Los comunicados publicados el jueves por la IDEM y el de las asociaciones empresariales agrupadas en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, marcaron firmes reclamos de sanciones, planteando que el escándalo es una oportunidad para que las autoridades nacionales comiencen a poner límites a la corrupción y la impunidad.

Como una bola de nieve. La indignación que generó el escándalo, detonado el 21 de diciembre, provocó que el abogado y comentarista radiofónico independiente Ricardo Nieves planteara la necesidad de una gran protesta ciudadana para demandar sanciones.
Fue respaldado por su colega Domingo Páez, reconocido militante del partido de Gobierno, y luego por el viejo militante político Fafa Taveras y el intelectual Andrés L. Mateo.
La idea fue acogida de inmediato por dirigentes de organizaciones sociales como Poder Ciudadano, y Foro Ciudadano, esta última un consorcio de más de 150 asociaciones sociales de sectores medios y de base. Tras varias reuniones, el 2 de enero se fijó la convocatoria para este domingo 22.
Aunque la legión de cientos de comentaristas y articulistas defensores del Gobierno quisieron estigmatizar la iniciativa, atribuyéndola al principal partido de oposición, la realidad es que se trata de un movimiento de raíces y esencias sociales, que supera la pasividad y complicidad partidista frente a la corrupción generalizada y posiciones conservadoras que descartan la movilización popular más allá del interés electoral.
Los más diversos partidos de oposición han respaldado la iniciativa, acogiéndose a la petición de los organizadores de no capitalizar la marcha con símbolos partidarios.
El comité organizador quedó constituido, además de las entidades señaladas, por entidades de origen religioso como el Centro Juan XXIII y el Centro Bonó, cívicas como Ciudad Alternativa, Participación Ciudadana y Somos Pueblo; estudiantiles como el Feflas, Felabel y Juventud Caribe. También el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, el Frente Amplio de Lucha Popular y otras.
El Consejo de la Unidad Evangélica, que agrupa cientos de iglesias protestantes, también ha participado de la organización.
El frente gubernamental. El espeso silencio del partido de Gobierno, que cuando era opositor organizó masivas marchas contra la corrupción, y del presidente Danilo Medina, cuya única iniciativa ha sido la creación de una comisión solo para investigar el contrato de las plantas de carbón, con la objetada inclusión de vinculados a la Odebrecht, así como los esfuerzos por poner sello partidario a la convocatoria, contribuyeron a generalizar la indignación y al apoyo manifiesto de amplios sectores de la comunicación social.
El Gobierno envió listados de funcionarios a los programa televisivos y radiofónicos para que fueran entrevistados, mientras su inmensa legión de comentaristas asalariados llegaron a extremos de considerar la marcha como un intento subversivo, sin que faltaran quienes llamaran a preservar la paz e insinuaran conflictos mayores.
Fue notable, sin embargo, que la Policía Nacional ofreció seguridades a los organizadores que cumplieron con los preceptos de comunicar su protesta y coordinar la ruta y el establecimiento de una tarima para el espectáculo artístico con que culminará en el parque Independencia, partiendo de la confluencia de la 27 de febrero con Máximo Gómez.
Las objeciones no prosperaron por los esfuerzos de los organizadores de mantener la manifestación como una acción cívica, sin pancartas partidarias, convocando a todo el núcleo familiar y advirtiendo que ni siquiera habrá discursos.
La iniciativa prendió y se expandió principalmente en las clases medias y los cultores de las redes sociales, y desde múltiples ciudades del interior se anuncia concurrencia.

La movilización ciudadana. En el plenario de la IDEM se planteó que solo una gran presión de la ciudadanía, en todos sus estratos y organizaciones, logrará contener la generalización de la corrupción que se registra en el sistema político y el Gobierno, y que ya no bastan comunicados que repiten las mismas demandas. El solo anuncio de la marcha movilizó a las autoridades.
No es cuestión de leyes ni normas, pues en las últimas dos décadas se aprobó todo un código llamado a prevenir la malversación, a controlar y pautar la administración presupuestaria, la función pública, a actualizar los organismos de control como laCámara de Cuentas y la Contraloría, la declaración jurada de bienes, los concursos y licitaciones y hasta para sancionar el robo de energía cuya tercera parte se sigue perdiendo.
La realidad es que predomina el encubrimiento y la impunidad y que un escándalo de corrupción sucede a otro.
Los graves expedientes de corrupción que involucraron a altos funcionarios y dirigentes políticos, como Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, quedaron en acuerdos políticos.
No se ha dado curso a múltiples expedientes de la Cámara de Cuentas ni al que sometió Guillermo Moreno contra la Fundación Global, ni se han establecido responsabilidades en escándalos como los sobornos y sobrevaluaciones de los aviones Súper Tucano, y de múltiples obras públicas, el escándalo de la Dican, el dramático suicidio-denuncia de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.

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