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Sat, Nov

LA MARCHA VERDE

Opinion
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Desde sus mismos inicios, los propulsores de la Marcha Verde hicieron insistencia en que se trataba de un movimiento de naturaleza totalmente apartidista. 

Se hizo énfasis en este punto una y otra vez, pese a la participación en sus comienzos de connotadas figuras de la oposición, no obstante que en algunas ocasiones, hubo manifestantes que levantaron cartelones acusando de corruptos a varias de esas figuras, lo que quizás ha contribuido a que su presencia física se haya ido diluyendo en el tiempo.

El movimiento se promovió como una protesta cívica y una expresión de rechazo a la corrupción y la impunidad, que el propio Presidente Danilo Medina reconoció y estimuló como un legítimo derecho ciudadano en su discurso del pasado 27 de febrero en ocasión de su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional.

Sobre esa base,  el movimiento ha ido haciéndose sentir en forma masiva en prácticamente todo el país, capitalizando un estado subyacente y creciente de irritación en la ciudadanía, asqueada del desvergonzado proceder de algunas figuras que han convertido el ejercicio de la política en una forma alegre no solo de enriquecerse de manera desmedida e imposible de justificar, sino que han tenido el tupé de hacer insolente exhibición de sus fortunas malhabidas.

Sin dudas, el escándalo de la Odebretch, sus admitidos sobornos y las pendientes de confirmar, pero a todas luces, obvias sobrevaluaciones de las obras  a cargo de la misma, por un monto que debe susperar varias veces los 92 millones empleados como moneda de  cambio de las adjudicaciones y financiamientos ha servido de combustible para alimentar la Marcha Verde.

Pero cuidado.  Es más que probable que en el paquete anunciado por el Procurador General no estén todos los que son. Pero  también que no sean todos los que están.  En los tribunales, los delitos no se sancionan ni aquí ni en ningún país donde reine un estado de Derecho por convicción, ni presunción, sino en base a pruebas contundentes que no dejen margen a dudas sobre la culpabilidad de los imputados.   Basta por saber si se dispondrá en este expediente y para todos los sometidos.

Es algo sobre lo que llamó la atención, en un juicioso  mensaje, el destacado abogado de Santiago, Ramón Antonio “Negro” Veras, a quien nadie se atrevería a ligar al menor acto de corrupción, recordando que en nuestro ordenamiento jurídico a todo imputado le corresponde la presunción de inocencia hasta prueba en contrario. 

La Marcha Verde tiene que cuidar ese aspecto. Acusaciones lanzadas al vuelo sin fundamento ni pruebas, terminarían revirtiéndose contra el movimiento y erosionando su fortaleza y credibilidad.

La Marcha Verde tiene que cuidarse de hacer o responsabilizarse con denuncias temerarias, tanto como no  permitir que se politice. Mucho menos que se pretenda utilizarla para poner a riesgo la institucionalidad.  Porque hacerlo, sería colocar el país en una peligrosa senda plagada de sombras e incertidumbre, con altas posibilidades de llevar la situación a un fin catastrófico, donde el remedio que se pretenda aplicar resulte mucho peor que la enfermedad que todos ansiamos curar.

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