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CASTAÑOS HABLO CLARO Y PRECISO

Opinion
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Aprobada la ley de partidos, con sus mas y sus menos, después del dilatado y tortuoso itinerario congresual a que fue sometida, la bola pasa ahora a la cancha de la Junta Central Electoral a la que tocará dar los pasos necesarios para su implementación.  Casi a estas alturas del calendario  viene a ser como la clásica papa caliente.

Así lo dio a entender muy claramente el presidente del organismo al recibir en su sede la visita de César Dargan y de Marisol Vicens, vicepresidente ejecutivo el primero e integrante la segunda de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, que a lo largo de todo el proceso ha dejando constancia del marcado interés del sector empresarial por la aprobación de la controversial legislación.

El doctor Julio César Castaños fue claro y preciso al llamar la atención sobre la complejidad y urgencia que supone elaborar los reglamentos de aplicación de la ley, un trabajo engorroso y meticuloso al que tendrán que abocarse los magistrados y el personal jurídico de la Junta sin pérdida de tiempo.

Advirtió, sin embargo, que para poder realizarlo en el breve tiempo de que se dispone, el organismo electoral tendrá que contar con los recursos, la logística y la tecnología requeridos, lo que tendrá que quedar resuelto a mas tardar en el próximo mes de octubre, a distancia ya apenas de seis semanas.

Las próximas elecciones van a resultar las más concurridas, disputadas costosas y complejas en toda la accidentada historia de los procesos comiciales del país, donde participarán decenas de miles de candidatos para cubrir alrededor de cinco mil o mas cargos electivos.  Al menos dos de esas consultas estarán separadas por escasas semanas, lo que no dará tiempo a respirar.  Pero peor aún: pudieran ser tres si en las generales ninguno de los candidatos a la presidencia logra el cincuenta por ciento más uno de los votos emitidos, lo que obligaría a una segunda vuelta.

El montaje de todo este aparataje electoral constituirá un reto organizativo sin precedentes que pondrá a prueba la voluntad y capacidad de trabajo de la Junta Central Electoral, sometida además a las tradicionales presiones, quejas y exigencias de los partidos políticos pugnando por el triunfo y el acceso al poder.

Ya desde antes, el propio Castaños había anticipado que disponer de la ley de partidos representaría poder contar con una herramienta útil que contribuirá a facilitar el trabajo de la Junta y el montaje de las elecciones.  Sometida a un tenso y laborioso parto, esta ha alumbrado prácticamente con el tiempo encima.  No ha vacilado, sin embargo, en asumir públicamente el compromiso de viabilizar su aplicación. Pero también ha dejado constancia de las condiciones para hacerlo posible.

Casi como artículo de fe repetido con frecuencia, Napoleón Bonaparte postuló que “para ganar una guerra hacen falta tres cosas: dinero, dinero y más dinero”. Los procesos electorales, sobre todo en nuestro caso y de ello hay sobradas pruebas, son de principio a fin una auténtica guerra.  Es la que tendrá que afrontar la Junta. Parodiando al Gran Corso, para llevarla a feliz término, su presidente acaba de manifestar las tres cosas que requiere “recursos, logística y tecnología”.  Y advertido el plazo máximo para contar ellas: el mes de octubre. 

De esperar que pueda disponerlas a tiempo sin las angustiosas visitas a Palacio para gestionar la intervención del mandatario,  a fin que las elecciones no se conviertan en lo que resultó Waterloo para el derrotado emperador francés en vez del serlo para el victorioso Wellington, representado en este caso por un proceso ejemplar que refleje la voluntad popular con la mayor transparencia y  contribuya a apuntalar nuestra todavía débil y quebradiza  institucionalidad democrática.

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