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Tue, Nov

¿Cleptómanos al poder?

Opinion
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Parecería que en la campaña presidencial del 2020 los partidos replicaran las prácticas clientelistas que lastran nuestra democracia. Atraerán los votos de las mayorías pobres con promesas grandiosas, insulsas caravanas y dadivas pasajeras que encandilen sus ansias de redención. Serán componentes marginados las propuestas de solución a los problemas nacionales, los programas de gobierno y los debates televisados. Pero lo peor sería que,  aunque el plan de austeridad del  recién electo presidente mexicano Andres Lopez Obrador (AMLO) ofrece las pautas de cómo hacerlo, tampoco ofrezcan orquestar una profilaxis moral contra la manía cleptómana que hoy arropa el manejo de los recursos públicos.

Ya que en los últimos 50 años hemos tenido crecimiento económico con ninguna movilidad social, el más trascendente tema de la campaña electoral del 2020 debería ser la creciente desigualdad social. Este juicio se desprende de los señalamientos que han hecho las agencias multilaterales (Banco Mundial, BID, CEPAL, PNUD) respecto a los desafíos fundamentales del desarrollo dominicano (https://acento.com.do/2018/opinion/8538469-epilogo-electoral-la-desigualdad/). El programa de gobierno debería entonces organizarse alrededor de ese tema. Pero la zalamería política de los partidos, signada por el afán de conquistar votos y lealtades, rehuiría asumir tal bandera de lucha porque correrían el riesgo de asustar a los poderes facticos de la economía y así ahuyentar su apoyo.

Dada la “peligrosidad” del tema y de que prácticamente nadie lo aborda con reclamos de atención, lo menos que podría esperarse de los partidos de oposición es que enarbolen el combate a la corrupción y la impunidad como su estandarte de lucha. Una gran cruzada moralizadora es lo que demandan las circunstancias, no una omertá al estilo siciliano. Si de algo se ha quejado la sociedad dominicana en los últimos años es precisamente de ese flagelo que corroe las instituciones y los derechos democráticos, tal y como lo demostró la Marcha Verde y como lo respalda el recurrente alarido de la sociedad civil al respecto. Ni siquiera la delincuencia ha generado un gigantesco ademan de protesta similar.

Pero estaría por verse si los partidos adoptan esa bandera de lucha. Debido a que  en materia de corrupción e impunidad la ciudadanía les imputa una culpa compartida que provoca una pérdida de confianza en ellos (http://eldia.com.do/la-democracia-pierde-el-apoyo-y-el-encanto-entre-dominicanos/), la consecuente retórica que de ellos podría emerger seria hueca y solo para llenar apariencias. La borrachera de ambiciones materiales que arropa a la misma sociedad hace posible vaticinar que el motivador electoral de los partidos en el 2020 será determinado por la codicia y no por el ideal de un país mejor. Lo más que hoy se puede esperar es un menú de promesas sobre la delincuencia, el empleo, la vivienda, los apagones y la salud, ya que las recientes conquistas en educación le restarían prioridad. Y a eso tal vez añadan la oferta de un elenco de probos funcionarios con la promesa de adecentar la administración pública.

Aunque hechos posteriores puedan desmentirlo, hoy día parece seguro que la motivación principal de la oposición partidaria será la del “quítate tú para ponerme yo”. No afloran propuestas de redención social y su militancia parece ansiar solo los puestos públicos para poder adjudicarse los jugosos salarios, privilegios y canonjías que los funcionarios actuales se han asignado. El trasfondo de esta triste realidad es que las prácticas corruptas han permeado hasta el tuétano el tejido social y son pocos los que miran hacia el Estado con otro propósito que no sea el de enriquecerse a través de las oportunidades que brinda una práctica política maleada. Estamos sumergidos en el hondón del oportunismo político y salirnos de esa furnia ignominiosa no será una tarea fácil.

Sin embargo, la Marcha Verde y algunos sucesos posteriores dan cuenta de que la clase media está esperando de los partidos una firme posición contra la corrupción y la impunidad. De hacerse el combate de esa escoria el tema central de campana y del vencedor adoptar un programa serio para su erradicación, la democracia dominicana podría continuar campante por el carril de desarrollo que le trace su economía de mercado. Concentrarse en otras áreas problemáticas equivaldría a evadir el bulto. Y es precisamente una desidia cómplice lo que no debemos tolerarle a los partidos.

Un nuevo gobierno deberá enfrentar enormes desafíos en muchas áreas. También sabemos que confrontar la corrupción y la impunidad no es una tarea fácil porque la ambición de poder político para capturar el botín del Estado está actualmente impregnada de un rampante afán de lucro en la mayoría de la militancia de los partidos y en muchas otras esferas de la sociedad. Eliminar la cultura resultante es una tarea de largo plazo que deberá ser asumida por todas las instancias, incluyendo los partidos políticos y las entidades representativas de la sociedad civil. De ahí que lo que se debe pedir a los partidos que tercien en la contienda del 2020 es algo no tan ambicioso que sea irrealista ni tan modesto que sea inefectivo.

El diseño de un programa anticorrupción requerirá experta asesoría. En primer plano se requerirá una exhaustiva revisión de todas las prácticas de la administración pública que dan pie a las inconductas y la implantación de prácticas que aseguren la probidad de los funcionarios. Pero más allá de lo atinente al sector público también se deberá acometer un programa de estímulo a la honestidad, tanto a nivel del empresariado como de las escuelas y colegios. Y en el más inmediato plano esta la erradicación del malgasto en la distribución del gasto público. El programa deberá incluir otros objetivos que permitan que nuestro país salga de los rankings que nos señalan como uno de los países más corruptos del mundo.

En el marco de esa estrategia global, el saneamiento del gasto público resulta técnicamente fácil pero políticamente incendiario. Corregir el malgasto de los recursos fiscales y la corrupción en su asignación podría consumir gran parte del capital político del nuevo gobierno. La tarea también desbordaría el periodo de gobierno. De ahí que la aplicación de medidas específicas para la eliminación de canonjías y privilegios y de otras formas de corrupción en la administración pública debería ser, por la crispación de descontento que produce en la ciudadanía, el componente clave de mayor impacto inmediato. Es por eso que debemos estudiar la aplicabilidad el programa de austeridad que se propone AMLO en México.

El año pasado la oenegé británica Oxfam produjo un monumental análisis del gasto público dominicano que estimó en RD$90,000 millones, o el 13% del total del 2017, el monto de los recursos del Presupuesto General del Estado que se malgastan o se diluyen en corrupción (https://www.oxfam.org/es/republica-dominicana/republica-dominicana-eliminar-el-malgasto-publico-para-garantizar-derechos).  En ese sentido los partidos deberán admitir que el principal problema de las finanzas públicas no es el creciente endeudamiento externo porque la eliminación del malgasto y la corrupción tornaría fácilmente manejable ese problema. Entre acabar con el malgasto y la corrupción y disminuir el endeudamiento, lo primero debe ser lo prioritario aunque se persigan ambas metas a la vez.

El programa de AMLO, por su lado, contiene 50 temas y acciones para mejorar la operación del gobierno mexicano en un país donde más de la mitad de la población clasifica como pobre (https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44949439).  Para eliminar canonjías y privilegios AMLO propone dar el ejemplo reduciendo el sueldo del Presidente a US$6,000 mensuales; ningún funcionario podrá ganar más de esa cantidad. (Además, se reducirá el sueldo a la mitad de aquellos que ganen más de US$52,000 anuales.) A esto le sigue “eliminar los privilegios que gozan jueces, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), legisladores y altos funcionarios del gobierno federal. Son prerrogativas como seguro médico particular y sin límites; automóviles nuevos, camionetas blindadas, choferes, guardaespaldas, viajes en helicópteros o aviones privados, y en muchos casos comidas y vinos caros.”  Otras medidas cortan drásticamente en un 70% los numerosos privilegios de los legisladores.

Aquí son muchos los descarados privilegios y jugosas canonjías que deberán eliminarse. Deberemos comenzar por aplicar la Ley de Regulación Salarial promulgada en el 2013 para reducir drásticamente los onerosos sueldos de muchos funcionarios. Se requiere también eliminar todos los salarios de funcionarios de la Cancillería que no trabajan, los enormes sueldos de periodistas que faltando a la ética de su profesión son miembros de consejos de administración de entidades estatales, de funcionarios que no asisten al trabajo pero ganan enormes sueldos, los privilegios de los congresistas, la asignación de miles de militares y políticas a la protección de funcionarios y empresarios, etc. Habrá que volver a creer que los funcionarios deben ser probos sin que tengan que devengar enormes beneficios. La estrategia (atribuida al PLD) de otorgarlos para dizque evitar la corrupción ha dado resultados perversos.

En fin, los partidos deberán preguntarse si el programa de AMLO apelaría a los pobres que son mayoría. Es seguro que atraería votos de la hastiada clase media que siente que la coyuntura del 2020 debe ser un punto de inflexión que rechace los cleptómanos del fisco y desnuque la cultura de la corrupción y la impunidad. Pero aunque los pobres noten el empeño moralizador, el partido que se case con este programa deberá ofrecerles un complemento que les encandile sus esperanzas. Salud, vivienda, empleo, apagones, saneamiento y combate a la delincuencia, entonces, tendrán que figurar muy prominentemente entre las ofertas electorales. Tales promesas tendrán mayor probabilidad de realizarse, por supuesto, si se rescata la moralidad pública.  Y por eso ambos componentes deben ir de la mano.