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Thu, Sep

CORDE: SUMA DE ILEGALIDADES

Opinion
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Si seguimos al pie de la letra los resultados del expediente elaborado por la Procuraduría General de la República, puesto a conocimiento y divulgación de los medios de prensa, hay que concluir que muy difícilmente en cualquier otra operación de manejo y disposición dolosa de los bienes del Estado se encuentra tal cumulo de ilegalidades, a partir del decreto que declaró dichos terrenos de utilidad pública. Repasemos detalles.

Terrenos que fueron adquiridos por CORDE a razón de 102 pesos el metro en 1995 de una de las parcelas que componen el sector de Los 3 Brazos, habrían sido vendidos quince años más tarde a solo 21 pesos, es decir a precio de “vaca muerta” con una pérdida de 81 pesos por metro.   El clásico negocio del “capa perro”.

Es apenas un aspecto dentro de una tupida trama de oscuras maquinaciones, todas en perjuicio del patrimonio público, donde figura la subvaluación por solo 80 millones de pesos de terrenos valorados en 200 millones, pagados en sus tres cuartas partes con inmuebles de los compradores que a su vez habrían sido sobre-valorados.  O sea, una doble jugada multimillonaria, siempre en perjuicio de la corporación estatal, que en definitiva solo recibió el equivalente a 20 millones de pesos.  En el camino se habrían quedado por consiguiente,  180 millones a beneficio de los hasta ahora afortunados compradores-vendedores.

Ventas realizadas sin el conocimiento ni autorización de la Junta Directiva; el ya hoy ex director general de CORDE,  quien figura como eje principal de estas operaciones, firmando a nombre de empresas inexistentes desde hacía años a fin de evitar que dichas transacciones tuvieran que ir a conocimiento y aprobación del Congreso, constituyen otra de las anormalidades registradas en el curso de estas turbias maniobras.

Y para remate la venta total de Los Tres Brazos a la empresa Titulatec con la supuesta finalidad de otorgar sus títulos de propiedad a los residentes del populoso sector, muchos de los cuales cuentan con una antigüedad más de 2 décadas habitando el mismo, lo que en realidad se convirtió en una operación de venta de las parcelas donde levantaron sus viviendas a precios que obligaron a muchos de ellos a endeudarse, con un margen escandaloso de beneficio para la misma.  

Fue precisamente esta operación la que desató la protesta y el escándalo público y dio lugar a que el Poder Ejecutivo designara una comisión especial investigadora encabezada por el Consultor Jurídico, Flavio Darío Espinal.  No le tomó muchos días a la misma para olfatear los sugestivos hedores  del proceso y recomendar la inmediata nulidad de la operación de venta de Los Tres Brazos por parte de CORDE. 

Y si bien cabía esperar que la acción pública se pusiera en marcha mucho antes, por aquello de que es mejor tarde que nunca solo cabe esperar ahora que este tiempo haya servido a la Procuraduría General para haber elaborado un expediente bien formulado y concluyente desde el punto de vista procesal, donde queden claramente establecidas las posibles responsabilidades en la medida en que se hayan producido.

Todo esto sin olvidar que a los acusados les corresponde el beneficio de la “presunción de inocencia”, tal como dispone nuestro ordenamiento jurídico, y sin anticipar por tanto, niveles de culpa que solo pueden ser establecidos y fallados por los tribunales con vista al fardo de las pruebas que haya acumulado el Ministerio Público.

Que no es cuestión tampoco de desatar una indiscriminada “cacería de brujas”, sino de que resplandezca la verdad y reciban adecuada sanción quienes realmente sean merecedores de ella.

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