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Fri, Sep

Abruma la delincuencia en el país

Opinion
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Para garantizar el orden y afrontar el crimen se requiere recursos suficientes a órganos públicos a cargos de la responsabilidad o prevención de ese flagelo.
El gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez y los organismos fácticos deben emprender con calidad moral, y políticas públicas el control de la delincuencia. Para así, castigar los actos anti sociales que están socavando la sociedad dominicana. Por ejemplo, cumplir con las leyes establecidas en los cánones de los principios morales y éticos de la nación.
En sociedades con altos niveles de civilidad, los jueces envían claras señales a la población de que el orden jurídico debe lograr escarmiento con severidad a las infracciones criminales que se vuelven recurrentes, pero aquí, penoso es admitirlo, que la justicia, por venalidad, impunidad funge como baldón a esos hechos...
Aunque existen diversos desencadenantes de la violencia, la principal raíz se encuentra interna. Para ello, es necesario un agudo cambio en los comportamientos sociales de la administración de justicia. La violencia tiene diferentes génesis y complejas acciones.
No se le puede imputar a un solo factor, como las amistades, el entretenimiento o el entorno; más bien, se trata de una combinación de estos y otros elementos, se pueden figurar como: la desesperación y la desesperanza; la mentalidad de masas, odio y la envidia. También, alcohol y las drogas, sistema de justicia ineficaces, pobreza y desigualdad, barrios o sectores depauperados pueden ser de mayor criminalidad; facilidad con que se pueden conseguir armas que producen actos bélicos en el entorno de la sociedad.
La República Dominicana está agobiada de una minoría dominante que impide que el ordenamiento jurídico cumpla su misión de regular el poder y aplicar cabalmente la ley sin distingo político, social o económico, lo que genera un virtual estado de impunidad, privilegio y discrimen
Nunca será posible combatir con éxito el azote de la delincuencia y criminalidad, y menos aún los crecientes feminicidios, sin que primero el gobierno y Estado hagan una profilaxis de moralética en la nación de Juan Pablo Duarte y Díez.
Prevenir, perseguir, procesar y castigar con rigor las infracciones criminales o delictuosas. Si el Ministerio Público escoge sus delincuentes preferidos y los jueces se desdoblan entre temor y conveniente la administración de justicia es y será un fracaso. No podemos permitir que la transgresión y los malhechores sean los propietarios de las vías públicas.