Una resolución, firmada por Garré, instruye a los jefes de las tres
Fuerzas Armadas para que en 30 días se ajusten las normas, con la
finalidad de limitar a ese personal la tenencia de armas de dotación.
El texto señala que el Ministerio de Defensa recibió "denuncias de
mujeres por la violencia ejercida por sus cónyuges o parejas" militares.
Agrega que también figuran acusaciones contra oficiales o suboficiales por "uso abusivo de armas y violencia interpersonal".
La medida puntualiza que "la violencia intrafamiliar causada o
tolerada por agentes del Estado sea debidamente investigada, procesada
y sancionada".
Un informe de la organización no gubernamental Red Solidaria reveló
que ocurren "más de 200 crímenes contra mujeres cada año en Argentina y
la mitad corresponde a asesinatos cometidos por sus parejas".
El último informe oficial sobre violencia contra las féminas registra
que en el 90 por ciento de los casos los agresores son familiares,
cónyuges o ex parejas.
Las estadísticas indican que la mayoría de las víctimas decide
realizar la denuncia tras cinco años de estar sometidas a maltratos,
aunque otras soportaron hasta 20 ataques físicos antes de pedir ayuda a
la justicia.
Según investigaciones realizadas por el Consejo Nacional de la Mujer,
detrás de la violencia física se ubica la psicológica, después la
económica, en la que el agresor limita y controla el uso del dinero por
parte de la víctima, y en cuarto lugar figura la sexual.
