Le gente no entendía por qué razón el señor Majluta había aceptado cambiar de bando político a cambio de ser designado al frente de una especie de "cadáver institucional", donde no existe ninguna posibilidad de hacer una labor relevante.
Pocos días después, la designación, que parecía intrascendente, comenzó a dar sus frutos, cuando se anunció que el señor Majluta había arrendado, de grado a grado y sin concurso, el hotel Montaña, una propiedad del Estado Dominicano, ubicada en las cercanías de Jarabacoa, una de las zonas turísticas más lindas de la República Dominicana.
Pero el mal olor de la negociación comenzó a azotar la geografía nacional, cuando se supo que el señor Majluta, en una operación relámpago e ilegal, prácticamente le regaló el hotel Montaña por un período de 35 años a un dominican-york de nombre Félix Cabrera Castillo, quien preside una compañía desconocida, denominada Pareatis, S.A..
De acuerdo con los términos del contrato firmado entre las partes, el señor Cabrera Castillo pagará una renta mensual de US$2,000, pero con los primeros 10 años de gracia, es decir que pagará su primera mensualidad a partir del febrero del 2018.
Además, el contrato permite al señor Castillo sub-arrendar el hotel en secciones a terceros, y otorgar concesiones para restaurantes, casinos, discotecas, bares, oficinas o cualquier otro tipo de negocio de lícito comercio.
Como si eso fuera poco, se le concede la exoneración del pago de impuestos en todas las operaciones que realice tanto para la remodelación como para el equipamiento del hotel, así como sobre la construcción de áreas adicionales en el establecimiento.
Pero lo más escandaloso de todo es que ese contrato es absolutamente ilegal, pues la Ley General de Reforma de la Empresa Pública (141-97), concebida, promovida y promulgada por el propio Presidente Leonel Fernández, establece, de manera muy precisa, que el gerente general de CORPHOTEL no tiene calidad legal para arrendar ningún hotel estatal.
Peor aún, la ley señala que para realizar cualquier tipo de negociación con un hotel del Estado, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) debe realizar una auditoría patrimonial del inmueble, una tasación del valor de mercado y una licitación pública internacional para escoger la firma con la cual se realizaría la operación.
A pesar de que el Presidente Fernández ha dado muestra de no tener mucho respeto por las leyes, la población espero que a su regreso al país ordene dejar sin efecto ese mamotreto de contrato, y de lo contrario, será necesario que algún dominicano sensato inicie un proceso legal para lograr su anulación.
Al margen del aspecto legal, raya en lo indecente poner en manos de un particular una propiedad como el hotel Montaña, con 22 habitaciones de primera y una suite presidencial, ubicada en una zona paradisíaca, con una extensión de terreno aproximada de 200 mil metros cuadrados, por la suma ridícula de US$2,000 mensuales, con 10 años de gracia y con la posibilidad de subarrendarlo por partes a terceros.
Es obvio que se trata de un negocio hediondo y vergonzoso.
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