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CEJIL, una institución que se ha destacado por sus grandes batallas en el tema, principalmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, dijo que la decisión tan esperada de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile, también envía un mensaje a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, que los estados han asumido la obligación de cooperar internacionalmente para erradicar la impunidad y asegurar el sometimiento a la justicia de los perpetradores.
La carta abierta de CEJIL tiene fecha 21 de septiembre y está fechada en Washington, DC, donde operan sus oficinas principales, aunque la entidad cuenta con ramificaciones en varios países de América Latina y Europa.
La Oficina de Asuntos Latinoamericanos de CEJIL (WOLA, siglas en inglés) dice en la correspondencia que la institución valora positivamente la decisión y confía en que la justicia peruana acabe con la impunidad e investigue y sancione las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el ex presidente peruano Alberto Fujimori, para que de esa forma el pueblo peruano conozca la verdad de lo sucedido y se tomen las medidas necesarias para que hechos como esos no vuelvan a repetirse.
Fujimori, acusado de cinco cargos de corrupción y dos por violación a los derechos humanos, está implicado directamente en matanzas ocurridas en la década del noventa en los sectores Barrios Altos y La Cantuta de Perú, donde militares al mando del Servicio Nacional de Inteligencia, entonces bajo su dirección personal, ejecutaron a docenas de civiles y desaparecieron a otros tantos.
El estado peruano fue condenado hace algunos años por esos casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Las carta abierta de CEJIL a los gobiernos de Chile y Perú está firmada por por Viviana Krsticevic, directora ejecutiva, Joy Olson directora ejecutiva de WOLA, Ariela Peralta subdirectora ejecutiva de CEJIL, John Walsh, titular del Programa para la Región Andina de WOLA y por Liliana Top, directora del Cono Sur de CEJIL.
