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Para darle sustento de legalidad a sus ambiciones, Rosario se ha valido del artículo 3, numeral 10, del Reglamento Interno de la Junta, mediante el cual se otorgó autonomía a la Cámara Administrativa para manejar los fondos que le asigna el pleno.
La decisión de conceder autonomía presupuestaria a la Cámara Administrativa fue tomada por el pleno, en un momento en que la Junta pasaba por una crisis interna, y los jueces quisieron limitar los poderes del entonces presidente Manuel Ramón Morel Cerda, en contradicción con lo que estable la ley electoral.
Pero Roberto Rosario no se ha conformado con manejar el presupuesto de la Cámara Administrativa, que asciende a RD$ 506 millones 91 mil 422 pesos para el presente año, sino que ha concentrado en sus manos la totalidad de los fondos de la Junta, para usarlos de manera arbitraria y discrecional.
La situación ha llegado a un punto tan grave que Rosario no acepta que el pleno de la Junta ejerza el más mínimo control del presupuesto y se niega a explicar hacia donde se destinan los recursos, alegando que él es la única autoridad para administrar fondos en esa institución.
La situación es más grave de lo que puede parecer, tomando en cuenta que Roberto Rosario es el único miembro de la Junta pasada que permanece en el organismo, por su condición de peledeísta, a pesar de haberse involucrado directamente en el escándalo que generó el contrato con la firma Soluciones Modernas, S.A..
Como se recordará, ese famoso contrato obligó a la Junta a erogar millones de dólares por adelantado a la firma SOMO, para automatizar el proceso de votaciones y el registro electoral, y cuando se pasó balance a los trabajos, no se había hecho prácticamente nada.
Y como si eso fuera poco, cuando se propuso la realización de una auditoría al contrato y a los trabajos realizados por SOMO, Roberto Rosario provocó serios incidentes a lo interno de la Junta, y se mantuvo jugando el doble papel de juez y parte, al negarse a inhibirse.
Pero Roberto Rosario es uno de los defensores a capa y espada de aquel famoso "incentivo por labores extraordinarias", a través del cual la mayoría de los jueces de la Junta evaden el impuesto sobre la renta y el pago a su propio Plan de Pensiones.
Desde que se integró la Junta actual, es evidente que Roberto Rosario se ha manejado como el verdadero presidente del organismo, amparado en la escasa gallardía del incumbente y en el poder que le representa ser un dirigente del partido de gobierno. Su único muro de contención ha sido la dignidad de la doctora Aura Celeste Fernández, que ha enfrentado sus desmanes.
La influencia de Rosario se evidencia en la defensa radical y permanente que hace de sus actuaciones un grupo de alabarderos de los medios de comunicación, la mayoría de los cuales no mueve un dedo sin recibir un beneficio económico.
Creo que la participación de Roberto Rosario en la pasada junta, sumada a su vinculación al contrato SOMO y a su pertenencia al partido de gobierno, no lo presentan como la mejor opción para usurpar las funciones del pleno en materia de administración del presupuesto del organismo electoral.
Me atrevo a advertir que ese juez va a dar mucha agua de beber a la sociedad dominicana y propongo a las organizaciones y personas decentes de este país que levanten sus voces para evitar que el presupuesto de la Junta sea manejado a la conveniencia personal de ese señor. Después no digan que no lo sabían: Ese juez es peligroso.
