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Ley 479-08 Sobre Sociedades Comerciales


Por Jaime Fernández Lazala



martes 9 de febrero de 2010, actualizado

El Poder Ejecutivo, ha promulgado, diversas leyes que violan normas y principios constitucionales, que han anulado una gran parte de los derechos adquiridos por las personas jurídicas y físicas, lo que es atribuido a una voracidad fiscal que hunde la economía nacional y tiene paralizada la adquisición de servicios en la administración pública.

El Director Ejecutivo de FUNDAPYME, LIC. JAIME FERNANDEZ, señala que la Ley 479-08 Sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales del (1) de Diciembre del 2008, anulará el 11 de junio del 2009, todas las entidades comerciales existentes y que tienen derechos adquiridos y personalidad jurídica, para que estas a su vez deban obligatoriamente para seguir con personalidad jurídica volverse a matricular en el Registro Mercantil, en la Cámara de Comercio y la Dirección General de Impuestos Internos.

El Artículo 47 de la actual Constitución de la República, establece que  EN NINGUN CASO LA LEY NI PODER PUBLICO ALGUNO, PODRÁ AFECTAR O ALTERAR LA SEGURIDAD JURIDICA DERIVADA DE SITUACIONES, ESTABLECIDAS CONFORME A UNA LEGISLACION ANTERIOR.

El artículo 5 y el 522 de la ley 479-08 en su párrafo 1 son nulo de pleno derecho, cuando establecen: Que las sociedades comerciales gozarán de plena personalidad jurídica a partir de su matriculación en el Registro Mercantil y el Art. 522 establece  que los registradores mercantiles no recibirán, para fines de matriculación, renovación o inscripción, ninguna documentación societaria correspondiente a aquellas sociedades anónimas que en el indicado plazo de ciento ochenta (180) días no hayan realizado su proceso de adecuación a la presente ley.

Si bien es cierto, que la Ley 479-08  constituye un paso de avance en la legislación mercantil, para las sociedades nuevas en formación  no es menos cierto que lesiona altera y afecta  la seguridad jurídica derivada del Código de Comercio, que es una legislación anterior.

En  las oficinas descentralizadas del Gobierno, se ha destapado un interés mercurial, que tiene al salto de la purgas a los dominicanos, exigiéndoles dineros en efectivo para la obtención de cualquier servicio que se solicite, recursos estos que desbordan la raya de la prudencia.

Como ejemplo tenemos el anterior de las sociedades comerciales y el de  Junta Central Electoral, que por la limitación de su presupuesto, ha dictado tarifas de cobro de dineros en efectivo, para la expedición de actas de nacimiento, que  sobrepasan los mil pesos, hasta el punto que esto le ha permitido  proyectar la construcción de viviendas y sueldos de lujos.

En esos pasos, esta la DIRECCION DE PASAPORTE con sus datos biométricos, anulando los actuales pasaportes, para expedir nuevas revistas similares, para ingresar recursos arbitrarios y lesivos para una convivencia pacífica conforme a lo establecido en el Artículo 8 de la actual Constitución de la República.




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