El miércoles el mandatario anunció el decreto, en vigencia por 90 días
y encaminado a poner en funcionamiento la justicia, paralizada desde
hace hoy 38 días por una huelga de más de 45 mil funcionarios de esa
rama, argumentó.
Según las autoridades, como consecuencia del paro han quedado en
libertad más de dos mil delincuentes y se corre el riesgo de que muchos
más lo logren en los próximos días.
Asimismo han dejado de realizarse más de 120 mil procesos y 30 mil
demandas de todo tipo se encuentran estancadas, de acuerdo con el
criterio gubernamental.
En esta situación el gobierno podrá, entre otras disposiciones, nombrar
jueces y fiscales sustitutos, dictar medidas para descongestionar los
procesos en marcha y suspender a funcionarios que no vayan a trabajar.
La conmoción interior le da al gobierno facultades para emitir leyes y
decretos a fin de enfrentar situaciones excepcionales, como
perturbaciones de orden público que afecten la estabilidad
institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.
La medida, apoyada por sectores empresariales y el Fiscal General, ha
sido en cambio cuestionada por la oposición, sindicatos y expertos en
temas jurídicos.
De entrada parece haber hecho poco efecto sobre los huelguistas, pues
este viernes, en una reunión extraordinaria, la Junta Directiva de la
Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial acordó por
unanimidad mantener el paro.
Los dirigentes sindicales insistieron en que sólo se levantará la
huelga cuando se cumpla la nivelación salarial prevista en una ley
vigente desde 1992 pero incumplida hasta ahora.
En un comunicado, el Polo Democrático Alternativo (PDA), mayor partido
de oposición, anunció que acudirá ante la Corte Constitucional para
impugnar los decretos.
El texto señala que no existe la grave perturbación del orden público a
que hace referencia el artículo 213 de la carta magna como requisito
básico para aplicar tal medida.
Expertos en temas constitucionales advirtieron por su parte que el
estado de conmoción interior no cumplirá sus propósitos, es errado y
posiblemente será rechazado por la Corte Constitucional.
Al respecto, el ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez declaró que
pudiera ser peor el remedio que la enfermedad y llamó al gobierno a
volver al diálogo con el sindicato.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) reiteró su respaldo a los
huelguistas y anunció la organización de un paro nacional de todos los
sectores que en estos momentos se encuentran en conflictos laborales.
También llamó a toda la sociedad a movilizarse en defensa del estado de
derecho y pidió el apoyo del movimiento obrero internacional.
La CUT consideró que el estado de conmoción interior declarado por el
presidente "es una medida de carácter fascista" que sólo pretende
coaccionar al movimiento social.
