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Su objetivo es establecer un sistema piloto para facilitar el acceso a financiamiento formal de las pequeñas unidades productivas del sector rural en la provincia de La Vega. La JAD anunció que establecerá una Oficina Ejecutora en la Provincia para facilitar las actividades contempladas en el Programa.
Las actividades se iniciarán con la promoción y selección de los productores beneficiarios. Posteriormente se trabajara en el desarrollo de una tecnología de gestión financiera rural, basada en la experiencia de la microfinanzas, que pueda ser replicada en otras provincias. Además, se apoyará a los beneficiarios con los medios para el acceso al crédito, tanto en la preparación y ejecución de los planes de negocio, como en la regularización de derechos de propiedad de sus tierras.
Para el desarrollo del sistema de gestión financiera rural, la JAD integrará a las intermediarias financieras interesadas en aplicarlo. En el caso de la regularización de los derechos de propiedad inmobiliaria de los beneficiarios del Programa, ha solicitado la colaboración de la Suprema Corte de Justicia, a través de la Jurisdicción Inmobiliaria.
El Programa contará con la asesoría de un Comité Consultivo, integrado además del Presidente de la JAD, por el Dr. Wilson Gómez, Director Nacional de Registros de Títulos, la Dra. Mercedes Canalda, Presidenta del Banco de Ahorro y Crédito ADOPEN S.A. el Lic. José Manuel López Valdez, Presidente de la Asociación de Bancos Comerciales y el Ing. Emilio Toribio Olivo, Gerente General de la Aseguradora Dominicana Agropecuaria (AGRODOSA).
Esta iniciativa se ejecutará con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo su programa Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). El presupuesto del Proyecto es de US$1, 747,652 de los cuales FOMIN aporta US$1, 223,772 y la JAD US$523,880.
La Junta Agroempresarial Dominicana ha manifestado una constante preocupación por las dificultades de acceso a financiamiento en el sector agropecuario y la falta de títulos de propiedad entre los productores agropecuarios.
Esta institución ha ejecutado anteriormente acciones dirigidas a superar estas dificultades. Una de ellas fue el Proyecto PROAGRO también con apoyo del BID y el Plan Nacional de Titulación de Tierras, financiado por el Programa Prácticas y Políticas Económicas de USAID. De este último esfuerzo se originó el Programa de Modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria y su segunda parte, el Programa de Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria, financiados por el BID y ejecutados por la Suprema Corte de Justicia
