Recientes declaraciones del Presidente de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en las que reclama “Cero Tolerancia” con las drogas y la delincuencia fueron objeto de amplia y destacada divulgación, en particular por el matutino Hoy.

Según el magistrado Ignacio Camacho, el Estado Dominicano tiene que repensar su política anticrimen para enfrentar la forma vertiginosa en que han crecido el tráfico de estupefacientes y la criminalidad.  Ya en uno de los discursos iniciales que dirigió al país al comienzo de su pasada gestión, el Presidente Leonel Fernández había utilizado la misma expresión de "Cero Tolerancia" a la delincuencia en todas sus formas, dando avances de lo que meses después se conocería y lanzaría oficialmente como el programa de "Barrio Seguro".

Al magistrado Camacho no le falta razón ahora para apelar a la misma consigna.  Pese al tiempo transcurrido desde que el Presidente Fernández asumió el compromiso de combatir el flagelo de la criminalidad con la mayor energía y del tiempo transcurrido desde que se puso en vigor el "Barrio Seguro" en Capotillo y su extensión progresiva a otros sectores  tanto en la capital como en Santiago, todavía el tema de la Seguridad Ciudadana se mantiene como una de las metas a garantizar a nivel aceptable dentro de la agenda gubernamental y social.  Con altibajos, la delincuencia sigue siendo causa de gran preocupación en el seno de la sociedad dominicana por la cuantía y magnitud de las acciones llevadas a cabo por los malhechores con empleo creciente de la más cruda violencia.  Esta situación se torna más complicada por el auge del narcotráfico internacional, el microtráfico barrial  y la adicción local que son causa comprobada del incremento significativo de todas las actividades criminales por un lado, y la también confirmada complicidad de autoridades a todos los niveles jerárquicos, tanto civiles como uniformadas, por el otro.

Ahora bien...¿podemos aislar el problema del incremento de la delincuencia y el comercio y uso de drogas y manejarlo como si se tratase de una enfermedad infecciosa que aqueja sólo a determinado número de malhechores,  con simples medidas de fuerza?  El problema y la solución lucen mucho más complejos y apuntan al deterioro general de valores en el seno de la sociedad dominicana, permeada en todos sus estratos sociales por la descomposición moral.

Previo precisamente a las declaraciones del magistrado Camacho, los dignatarios de las dos principales religiones del país: la muy mayoritaria católica y la evangélica que cuenta con un buen número de creyentes y militantes, en pronunciamientos coincidentes, enfocan el tema de la degradación entronizada en el seno de la sociedad dominicana, comenzando por la familia, institución sagrada desde el punto de vista religioso y célula básica de la estructura social en el orden político. 

El Cardenal López Rodríguez, con su crudeza habitual, tronó contra la "sociedad permisiva", promovida por organismos internacionales y gobiernos a los que calificó de "irresponsables".  Este tipo de sociedad, argumentó,  no garantiza nada a nadie, relacionando como aspectos de la profunda crisis moral que afecta al país los abusos, crímenes, violaciones, miseria moral, falta de ideales y de amor, crisis en la familia, falta de solidaridad, formas inadecuadas de expresión así como el irrespeto a los demás y a las leyes, que resumió en una frase gráfica "no cumplo con nada y no me pasa nada", reflejo de la impunidad prevaleciente en nuestro medio, sobre todo para los más pudientes, influyentes y bien enllavados.

Por su lado, el reverendo Elvis Samuel Medina, de la Evangélica Iglesia de Dios, dijo que la ciudadanía se siente consternada por la situación de "caos, ausencia de autoridad, narcotráfico y crímenes sin condena" El religioso agregó que estamos viviendo un estado de desconfianza colectiva en las autoridades tanto civiles como militares,  "ya que del pobre pueblo dominicano se está apoderando el miedo social y el temor colectivo".

Son palabras verdaderas tanto en un caso como en el otro, permitiendo establecer el marco propicio para la prevalencia de la asfixiante crisis moral en que nos estamos desenvolviendo,  cada vez más propicia al desarrollo de la delincuencia y la violencia criminal, en tanto el incremento de estos males  incide a su vez en agravar aquella.  Es vivir en una especie de vicioso círculo infernal que cada vez se estrecha más.

El problema trasciende por consiguiente, todas las expresiones criminales que estamos padeciendo, la violencia que traen aparejadas y las complicidades asociadas; las violaciones continuas a la ley y el ejercicio rampante del dolo y la corrupción, que no son hechos aislados sino encadenados a esa penosa realidad.  Las raíces del problema radican por consiguiente, más en la pérdida de valores en el seno de nuestra sociedad, urgida de una profunda cura moral para lo cual se requiere tanto de una firme y sostenida voluntad política de saneamiento ético como de un no menos consistente compromiso social de rescate de los principios fundamentales que hemos ido dejando en el camino.

Focalizarnos en las consecuencias sin ir a las causas, es tanto como seguir como hasta ahora por las ramas olvidando la raíz.