El tema no es nuevo. Viene arrastrándose desde la época de Hipólito Mejía en que se produjeron dos o tres movimientos con esta misma finalidad, arropados por la propuesta casi unánime de celebrar las elecciones municipales y congresionales en el mismo año que las generales, aunque en fecha diferente, con la finalidad de evitar al país los traumas y gastos que comporta el permanente estado de agitación política que supone la celebración de comicios cada dos años. En cada una de esas oportunidades, sin embargo, el intento ha quedado prácticamente natimuerto debido a la vigorosa oposición de los distintos sectores de la sociedad civil y la propia dirigencia de los partidos políticos que, vale reconocer, han mantenido una postura coincidente de rechazo en este sentido.
En semanas recientes, de nuevo asomó la intentona asomó su garra. Y al comentarlo en nuestro TIRO RAPIDO con el mismo sentido de rechazo por ilegal e inmoral, advertimos sin embargo, que el propósito se mantendría latente y sus promotores siempre al acecho de una coyuntura favorable para tratar de revivirlo y agenciarle dos años adicionales a sus actuales mandatos. Estos han vuelto de nuevo a la carga, en un proyecto que capitanea a visera descubierta el diputado por Boca Chica, Radhamés Castro, de filiación reformista, quien asegura contar con el respaldo de más de un centenar de sus colegas de hemiciclo, y que conjuntamente con el propósito de promover la extensión a seis años en sus actuales cargos a congresistas, síndicos y regidores aboga también por la reelección presidencial sin límites.
Por más que se quiera negar, no deja de ser una maniobra evasiva para sin someterse al escrutinio del electorado, continuar disfrutando de los privilegios del cargo, que parece ser el exclusivo interés de no pocos legisladores que ni siquiera acuden a sesiones ni promueven proyectos de ley a favor del país ni de sus comunidades, en contraste con aquellos otros que cumplen las funciones para las que fueron votados y entre los que figuran algunos que han merecido ser reelectos hasta por varios períodos consecutivos. De seguro que entre éstos el avieso propósito no encontrará mayor eco y si acaso será contadísimo el número de quienes se asocien a la infausta propuesta. Oportuna por demás, la inmediata y vigorosa respuesta de los tres grandes partidos representados en la Cámara de Diputados, a través de sus respectivos voceros, compartiendo la condena y y rechazo a una maniobra que, a todas luces, viciaría de ilegitimidad la continuidad en sus cargos de quienes fueron escogidos por el término preciso e inviolable que establece la Constitución.
Cierto que la unificación de las elecciones para celebrarlas en un mismo año, plantea la necesidad de modificar transitoriamente el período de quienes puedan resultar electos en las de medio término a efectuarse en el 2010.
Pero el método más idóneo en este caso, sería convocar éstas en base a un período corto de dos años o uno alargado de seis por una sola vez, de tal modo que se hagan coincidir con las presidenciales en el 2012 en el primer caso o en el 2016 en el segundo. Para ello bastará con introducir una disposición transitoria en la Carta Magna, si es que en definitiva se acuerda sustituir el actual sistema de elecciones separadas por la unificación. Sometido de esta forma, la elección de legisladores, síndicos y regidores no estaría viciada de ilegitimidad al contar con el debido marco constitucional y responder a la libre escogencia de los votantes mediante el ejercicio directo del sufragio.
No hacerlo así en cambio, pretender extender por dos años más el ejercicio actual de congresistas y autoridades municipales equivaldría a un verdadero golpe de estado al procedimiento electoral establecido en la Carta Sustantiva y a violentar la voluntad de los sufragantes que escogieron sus representantes en las cámaras legislativas y ayuntamientos, mediante el voto directo y por el período de tiempo establecido en la misma.
El actual Congreso, las sindicaturas y regidurías del país fueron votados exclusivamente por cuatro años tal como dispone la Constitución. Por consiguiente, sus incumbentes no pueden ni deben permanecer en esas posiciones ni un solo minuto más allá del término establecido. Pretenderlo, reiteramos, sería ilegal, ilegítimo e inmoral. Y cualquier intento de llevarlo a cabo, una acción tan insensata como censurable que ha merecido y debe seguir mereciendo el más vigoroso rechazo tanto de las propias parcelas políticas en que militan quienes lo alienten como de todos los sectores conscientes del país.
 |
 |
 |
