La central obrera reclama, entre otras cosas, un cambio de rumbo en la
política económica, mejor distribución de la riqueza, aumentos
salariales y la anulación de la Ley de Caducidad.
Esta impide juzgar a ex militares y policías violadores de los derechos humanos durante la época dictatorial.
Asimismo, exige la liberación a un mayor número de trabajadores y
jubilados del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y que el
Estado consagre a la educación el 4,5 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB).
A causa de la huelga, el transporte de ómnibus apenas funciona y las
empresas de taxis solo mantienen un servicio de emergencia. La medida
afecta a la totalidad de las oficinas públicas, la banca oficial y
privada y la enseñanza en todas sus ramas y niveles.
En Montevideo la protesta coincide con una huelga en la recolección de
basura que realizan estos días los trabajadores municipales.
El último paro general de 24 horas en Uruguay data de agosto de 2003
bajo la Presidencia de Jorge Batlle, cuando el país se recuperaba de la
peor crisis financiera de su historia.
