Hay que recordar que una de las primeras tareas que se impuso la actual Junta Central Electoral fue la de reorganizar las oficialías de registro civil, que se manejaban como chivos sin ley, pese a existir una legislaciòn y un reglamento normativo de su funcionamiento.
Como consecuencia de esa labor, según se publicó oportunamente en los medios de comunicación, se detectaron numerosas irregularidades en una gran cantidad de oficialías en todo el país, principalmente la inscripción y ventas de actas de nacimientos falsas a favor de indocumentados. Dentro de este marco de irregularidades de carácter delictivo, aparecieron actas expedidas a favor de hampones internacionales, reclamados por las autoridades policiales de sus respectivos países y buscados por la INTERPOL.
Esta suplantación de identidades ha permitido que elementos comprometidos en graves delitos, incluyendo el narcotráfico, hayan encontrado un refugio seguro en el país e inclusive, posiblemente, seguir desde aquí al amparo de esas identidades falsas, dirigiendo sus operaciones delictivas.
Hay que recordar que en diversas oportunidades, nuestras autoridades han podido detectar la presencia de algunos de estos elementos perniciosos y han procedido a su deportación hacia sus respectivos países de origen. Caso notorio fue el del narcotraficante de nacionalidad mejicana, Luis Humberto Cano, quien aquí pasaba como empresario privado y disponía de importantes inversiones, hasta que fue apresado a requerimiento de las autoridades antidrogas norteamericanas y enviado a los Estados Unidos, donde fue juzgado y cumple una larga sanción penal.
No hace ni tantos días, también, se supo del caso de otro extranjero que poseía distintos bienes en el país y operaba el hotel San Gerónimo, el cual había sido apresado meses atrás y enviado a Canadá, junto con su esposa dominicana, donde ambos terminaron por aceptar su participación en el lavado de recursos millonarios estando a la espera de ser sentenciados.
Pese a que en su momento la Junta Central Electoral realizó una amplia tarea de saneamiento en las oficialías del Estado Civil, quedan al parecer algunos enclaves de falsificación de actas. Ejemplos recientes: los casos de las correspondientes oficialías de Boca Chica e Higuey, donde se asegura ha existido una venta masiva de inscripciones de nacimiento falsas.
Es frecuente la detención en Boca Chica de extranjeros que utilizan esa zona turística como campo propicio para sus actividades delictivas, con mayor frecuencia en la filmaciòn de películas pornográficas, con amplio uso de menores de edad en las prácticas más aberrantes, así como en el tráfico de drogas.
No es de extrañar por tanto, como señalamos al principio, la indagatoria que lleva a cabo aquí el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos con la colaboración de nuestras propias autoridades. Como no es de extrañar tampoco, el requerimiento de colaboraciòn de los cuerpos policiales de otros países a nuestros organismos de investigación con la misma finalidad.
De enfatizar, una vez más, la necesidad de mantener el más estricto control y vigilancia sobre las oficialías civiles por parte de la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República, que tienen la misión de inspeccionarlas periódicamente. Esto así, insistimos porque los trampeos que se realizan en los libros de registro de nacimientos de las que se prestan a ello, constituyen el primer paso para arropar la verdadera personalidad de malhechores internacionales, a fin de que puedan vivir en nuestro territorio encubiertos en una identidad falsa.
Tenemos que evitar por todos los medios, que a los muchos problemas y males que confrontamos, se sume también, el de permitir que el país se convierta en paraíso de delincuentes de fuera, que con los de adentro nos basta y sobra.
 |
 |
 |
