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La demanda es de 1.8 hectáreas por cada persona, pero la capacidad de carga de los dominicanos sólo garantiza el 0.8 hectáreas por cada habitante, sostiene el PNUD.
El informe sobre el déficit ecológico de la media isla indica que es cada vez más creciente al alto nivel de consumo de la población, mientras no se dispone del espacio apropiado para depositar los millones de toneladas de desperdicios que ese consumo genera.
La situación fue determinada a través del uso de un indicador denominado internacionalmente "huella ecológica" desarrollado por la llamada "Red de Huella Ecológica Global" que está asociada a la Red de la Agencia Ecológica Europea y con cuyo instrumento se mide el impacto del consumo de una población sobre el territorio sobre el que vive. El parámetro, mide hasta qué punto la demanda de recursos y espacio para disponer de la basura que produce el consumo está dentro de la capacidad de la biosfera para suplir esos servicios.
El informe del PNUD explica que la "huella" de una población es el monto de tierra biológicamente productiva y agua necesarias para producir los recursos que dicha población consume y absorber los deshechos que genera y se mide por néctares entre personas.
En el caso de la República Dominicana, esa huella es de 1.6 hectáreas por habitante, pero la capacidad ecológica o de carga es de sólo 0.8 hectáreas por persona. "Si el valor de la huella está por encima de la capacidad ecológica, el país tiene un déficit ecológico que en cuanto a los dominicanos implica que se requiere el doble del espacios actual disponible para satisfacer los niveles de consumo", agrega el reporte de las Naciones Unidas.
Advierte el PNUD que ese indicador empero, no refleja los complejos procesos de consumo de las diferentes clases sociales, ni los intrincados procesos productivos que tienen lugar en el territorio, pero ofrece una idea acerca de la necesidad de superficie para producir lo que se consume y para desechar los residuos de consumo.
Concluye el informe diciendo que a situación plantea un serio cuestionamiento sobre cómo puede un gobierno fomentar la responsabilidad y el compromiso de la población y los sectores productivos de consumo.
