Washington.- El Departamento de Defensa (Pentágono) y el Departamento de Estado, están inquietos por la estructuración de los mandos en la Secretaría de las Fuerzas Armadas Dominicanas y la Policía Nacional.
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Los expertos en los asuntos militares, las agencias de inteligencia del Gobierno Norteamericano (la Dirección Nacional de Seguridad , un organismo que depende directamente del presidente George W. Bush, la Central de Inteligencia Americana (CIA); la Drug Enforceement Administration (DEA), el FBI, la Dirección de Inmigración y otras dependencias que trabajan en el combate del tráfico de drogas, terrorismo, viajes ilegales y crímenes conexos, tienen acopio de inteligencia que establece el alto parámetro de supuesta corrupción en los comandos de las Fuerzas Armadas y la Policía.
En este momento, que se cabildean los cargos militares y policiales, estos estamentos norteamericanos observan de cerca los pasos que se vienen dando.
Son muy pocos los militares y policías, a nivel de mando que tienen la confianza y el aval de los Estados Unidos por los supuestos grandes escándalos donde alegadamente estarían involucrados militares en contrabando de drogas, viajes ilegales, y cobro de peajes a las redes nacionales e internacionales de narcotráfico.
En la presente administración, del presidente Leonel Fernández Reyna, llamó la atención de estos organismos que un jerarca militar que ocupaba en la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas Dominicana, una posición importante se presentara en el lugar donde la Dirección General de Aduanas, interceptaba un contrabando de bebidas.
Aunque este hecho fue investigado al jefe militar que pertenece a una institución encargada de la vigilancia de las costas, se le mantuvo en el cargo.
Un oficial de esta misma institución fue ascendido a pesar de tener un expediente en la justicia por intentar asesinar a un coronel de servicio en uno de los aeropuertos. El ascenso del oficial causó indignación porque se dejaron fuera del ascenso a oficiales académicos, honrados y dedicados a su trabajo.
La preocupación aumenta en el estamento de mando militar, el gobierno y la diplomacia norteamericana, con los datos que tienen sobre la corrupción y el narcotráfico que cada día tiene alegadamente más fuerza en la cúpula militar y policial dominicana.
La decisión del ex coronel Lidio Arturo Nin Terrero, de declararse culpable de tráfico de drogas a los Estados Unidos, en el caso de los 1,387 kilos de cocaína incautados al capitán del Ejército Nacional, Quirino Ernesto Castillo, puesto en retiro luego de este descubrimiento, por los detalles en la operación, su modo operandi, su organización, militares, policías, empresarios, y políticos comprometidos, llevan a los responsables norteamericanos de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, lavado de dinero y el crimen organizado, a definir de critica la situación imperante en la República Dominicana.
Por eso, encaminan pasos para que los militares y policías supuestamente comprometidos con el narcotráfico, los viajes ilegales, la protección a narcotraficantes, en sicariato y otras actividades no les asignen comandos.
Los norteamericanos aspiran que estos cargos sean ocupados por militares y policías honestos que sean capaces de dar resultados positivos en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, lavado y viajes ilegales.
Tanto en Washington como en New York, siguen de cerca el caso Quirino por las grandes implicaciones que tiene.
QUIRINO NEGOCIO CONDENA
Aunque oficialmente, el excoronel Lidio Arturo Nin Terrero, negoció con al Fiscalía de New York, no es el único.
Cuando Quirino Ernesto Castillo, fue detenido y se sintió que lo habían dejado solo, tomó la decisión de enviar a New York, uno de sus hijos. Este hijo salió por el Aeropuerto Internacional con una caja de vídeos donde aparecen militares, policías de alto rangos, candidatos de los partidos, empresarios y personalidades.
Estos vídeos, "sirvieron de fundamento a Quirino, para una vez en la Corte Federal iniciar una negociación", de acuerdo a una fuente.
Por su cooperación, Quirino recibiría una reducción de la pena de 5 a 10 años y el pago de una multa. El coronel Nin Terrero, podría haber recibido una pena de 40 años, se le redujo a 5 años y el pago de una multa.
Otros implicados buscan la negociación, que entre los beneficios que trae a las autoridades norteamericanas es recopilar inteligencia para desmantelar las redes y sus vinculaciones en los Estados Unidos y República Dominicana.
