Durante la pasada administración de Hipólito Mejía, la Cámara de Cuentas, aunque tenía en su seno nombres prestigiosos, fue objeto institucionalmente de muchas críticas y cuestionamientos, tanto de orden administrativo como financiero y sobre todo político. Se pensó que el nombramiento de una nueva Cámara, también compuesta por nombres que gozan de reconocimiento, la institución dejaría de estar en el ojo de la tormenta de la polémica pública. Lamentablemente no ha sido así.

Por el contrario, no pasó mucho tiempo sin que el organismo volviera de nuevo a ser tema de debate. Esto así cuando se supo que los magistrados, aùn bajo protesta de su presidente, habían decidido aumentarse su salario de forma desproporcionada, lo que fue motivo de fuertes críticas y escándalo ciudadano.

Pero ahí no se detiene el problema.  Peor todavía, ha sido la situación que al parecer se estaba produciendo en el seno de la cámara, obstaculizando y retrasando el cumplimiento de su misión fiscalizadora de auditar la forma en que se maneja los fondos públicos de las distintas dependencias gubernamentales e instituciones autónomas.

Esta situación de subsuelo afloró de manera sorprendente, cuando en el curso de la ceremonia religiosa efectuada para conmemorar el aniversario de su fundación el presidente de la Cámara Andrés Terrero, dentro de las augustas paredes del templo, externó serias denuncias contra magistrados de la misma a los que, sin mencionarlos por sus nombres, los acusó de estar apandillados en su contra y entorpeciendo sus labores.

La respuesta no se hizo esperar en forma de una carta pública calzada por la firma de los 8 restantes jueces titulares de la Cámara, imputándole a Terrero todo una serie de actos irregulares y aún dolosos, aunque sin detallarlos de manera específica.

El propio Terrero, se dirigió entonces al Senado de la República solicitando el nombramiento de una comisión bicameral para evaluar la instituciòn y el comportamiento de cada uno de sus miembros directivos, sugiriendo la cancelación de aquellos en quienes se comprobase la comisión de faltas graves.

Con este ambiente caldeado y llevada la confrontación a su máxima expresión, sorprende de pronto al país la información de que las diferencias entre los jueces titulares y el Presidente de la Cámara habían sido superada, mediante una escueta declaración que pudiera traducirse en apenas 5 palabras: "Aquí no ha pasado nada".

Que esto ocurra entre políticos quienes acostumbran a destriparse en el fragor de la campaña electoral, para después caer uno en brazos del otro como si fuesen grandes amigos y aùnpara entrar en alianza, es algo a lo que ya estamos acostumbrados.

Pero en cambio que esto tenga lugar en el seno de la Cámara de Cuentas, si es más que preocupante, en particular porque ya sea por estas diferencias internas y ahora públicas, ya al margen de las mismas, la institución no ha hecho el trabajo que le corresponde.

Se dice que a estas alturas, debió haber realizado al menos 400 auditorías, pero al parecer a duras penas, alcanza el centenar. Como quiera que se asegura que la Cámara debe verificar los datos financieros de unas 1,900 dependencias pùblicas y autònomas, a este paso le llevará cuando menos 20 años para poder auditarlas a todas, labor que debiera hacerse por el contrario, cada año.

Pero sobre todo y esto es lo màs preocupante y censurable, que precisamente por la naturaleza de su trabajo, ya que tiene que servir de garante a la escrupulosidad con que los fondos públicos son utilizados en cada una de las dependencias e instituciones auditadas, más que suponer es de exigir que los jueces tengan un comportamiento ejemplar, lo que no está ocurriendo al presente.

Solo resta que en caso de que los magistrados no presenten su renuncia, como ya están reclamando algunos sectores,  el Senado, que los nombrò por su cuenta o conjuntamente con la Cámara de Diputados, sin pèrdida de tiempo proceda a destituir a quienes lo merezcan una vez que ponga en claro las cuentas en la Cámara de Cuentas.