La decisiòn es correcta, el anuncio anticipado no tanto ni posiblemente conveniente. Mejores resultados estimamos que pudieran lograrse, en cuanto a detectar cualquier posible irregularidad, si la Càmara se aboca a realizar su trabajo sin previo aviso y con poca o mejor ninguna alharaca. Esto no solo en el caso que nos ocupa, sino en general en todas las diferentes auditorìas que tiene a su cargo, que son muchas, y que da la impresiòn rebasan al presente su capacidad de manejo.
Pero como señalamos antes, llevar a cabo dicha labor es una labor necesaria, màs tomando en cuenta la cantidad de recursos involucrados que este año casi se acercò a los mil cien millones de pesos entregados en dìas recientes a travès de la Junta Central Electoral.
Sin embargo, creemos que limitar el trabajo de la Càmara a sòlamente los fondos salidos del presupuesto serìa tarea incompleta, cuando lo cierto es que resulta una cantidad muy superior la de recursos provenientes del sector privado que llegan a las arcas de los partidos polìticos. A simple vista y sin necesidad de hurgar en sus respectivas contabilidades, se aprecia que el gasto electoral supera varias veces lo entregado por la Junta. No serìa arriesgado considerar que en esta ocasiòn, posiblemente se mueva en el rango de cuatro a cinco mil millones de pesos, quizàs màs.
La diferencia entre esta cifra y los fondos provenientes del Presupuesto Nacional como aporte a la actividad de los partidos que tercian en el proceso, proviene del sector privado. ¿De què bolsillos salen? ¿Quiènes son los donantes? ¿Cuàl es el monto de los respectivos aportes? Pero sobre todo, ¿hasta dònde puede garantizarse la nitidez de la totalidad de dichos aportes?
No hace tanto tiempo, el Cardenal Lòpez Rodrìguez llamò a los partidos polìticos a mostrarse celosos y vigilantes en cuanto al origen de los recursos que reciben de fuente particular. No se escondiò para señalar que la advertencia venìa ligada a la posibilidad de que dineros del narcotràfico, o de otras actividades delictivas agregamos nosotros, pudieran contaminar el proceso electoral. Tal ha ocurrido en otros paìses donde proliferan las actividades de los carteles internacionales del narco y la criminalidad y sus còmplices locales.
En este sentido, cabe suponer que los candidatos que se disputan la presidencia y sus respectivos equipos de campaña se mostraràn lo necesariamente prudentes para escarbar en la fuente de tales aportes. Y de igual modo, en extremo enèrgicos y decididos en rechazar todos aquellos que pudieran resultarles sospechosos. Oportuno recordar que en la actual debatida campaña interna por la candidatura presidencial del Partido Demòcrata en los Estados Unidos, Hillary Clinton se apresurò a devolver un aporte de un cuarto de millòn de dòlares a un donante, cuando se supo que èste confrontaba problemas con la Justicia.
Pero la acciòn que puedan tomar los partidos para garantizar la nitidez de los recursos que reciben como aportes privados, no excusa en ningùn caso la obligaciòn`de las autoridades de realizar las comprobaciones y auditorìas que son de su competencia para verificar la fuente de los mismos. Asimismo, para confirmar la validez de las declaraciones juradas que sobre los mismos puedan hacer los candidatos, aùn despuès de ser electos y desempeñando funciones pùblicas. Ejemplo reciente y cercano de hasta dònde debe alcanzar dicha responsabilidad, lo encontramos en el sometimiento a la Justicia del actual Gobernador de la vecina isla de Puerto Rico.
Creemos que èste es un aspecto esencial a tomar en cuenta al momento de revisar y reformular la Ley Electoral y promover la Ley de Partidos, tal como propuso el Presidente de la Junta, Julio Cèsar Castaños Guzmàn, al dar cuenta detallada de la marcha de los trabajos del organismo durante el almuerzo de la Càmara Americana de Comercio en que participò como orador invitado.
Es una meta a cumplir para inmediatamente despuès del 16 de Mayo, una vez que sean conocidos y reconocidos los resultados de la justa comicial. Dentro de ese marco de ncesarias reformas, normar, transparentar y auditar el origen y destino de los fondos de campaña, tanto los de fuente pùblica como privada, debe considerarse una pieza vital en el impostergable proceso orientado a adecentar y modernizar el ejercicio polìtico en el paìs.
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