Ese informe es el que se llevò al seno de una comisiòn contra la discriminaciòn racial del propio organismo internacional que sesionò recientemente en Ginebra, adonde debiò acudir una comisiòn oficial para rebatir su contenido. Esta cumpliò con su papel, aunque existe la impresiòn de que ya se habìa predeterminado un fallo prejuicioso en contra el paìs, promovido por dos docenas de ONGs, muchas de las cuales radican aquì.
Tanto el informe como la exigencia de la red Jacques Viaux parten de una premisa totalmente falaz. Aquì, como en todas partes, se producen expresiones de racismo y discrimen. Negarlo serìa como pretender tapar el sol con un dedo. Pero acciones aisladas de personas y grupos determinados no pueden ser tomados como signos distintivos de una polìtica de Estado ni de un comportamiento generalizado de la sociedad.
Tal solo puede concebirse como parte de la sostenida campaña de presiòn y descrèdito internacional en contra del paìs, para servir determinados propòsitos e intereses, por màs que encuentre ecos locales, algunos cuya buena fe los exime de culpa y complicidad.
Lo cierto es que aquì residen y conviven cientos de miles de haitianos, en su gran mayorìa de condiciòn pobre que comparten esa pobreza con màs de tres millones de dominicanos que tambièn la estàn malpasando.
Pese a ello, han encontrado en nuestro territorio refugio y mejores oportunidades de vida que las que ofrece su paìs de origen, al otro lado de la frontera, que con mìnimo riesgo traspasan de continuo en forma ilegal y cuyo viaje de vuelta, que nadie les impide, rechazan de plano.
El màs elemental sentido de racionalidad convoca a la coexistencia pacìfica, amistosa y provechosa con la gente venida del otro lado de la isla, del mismo modo que con el pueblo que la habita y las autoridades que la rigen. Esto no solo es posible, sino lo ùnico conveniente y razonable. Pero no creemos que este tipo de campañas, presiones y clima de confrontaciòn contribuye a ese propòsito.
Cierto que en gran parte hay culpas que repartir de este lado. Quienes han facilitado y facilitan la entrada de ilegales, generalmente a cambio de peaje. Quienes se aprovechan de su condiciòn de tales para explotarlos en beneficio propio.
Y nuestros gobiernos que sucesivamente se han hecho de la vista gorda y se han lavado las manos como Pilatos, frente a un tema de tantìsima trascendencia sobre el que debieron haber fijado y aplicado una polìtica migratoria clara en funciòn de los intereses del paìs y en previsiòn de problemas futuros. Sin atropellos para nadie, pero como justificado y legìtimo ejercicio de soberanìa. Hoy pagamos las consecuencias de esa desidia.
Pero tampoco es pecado que no tenga redenciòn. Mucho menos, que sirva de excusa para arrinconar la naciòn y pretenda torcerle el brazo, intentando imponerle normas contrarias al interès nacional y coartàndole su legìtima facultad de fijar polìticas que, sin violar derechos humanos, estèn en consonancia con sus posibilidades y conveniencias.
Hacerlo serìa tanto como una resignaciòn de nuestra condiciòn de Estado soberano, a partir de la cual pudieran encadenarse toda una serie de previsibles y evitables sucesos, penosos por igual para dominicanos y haitianos.
De llegar a ese extremo, por el bien de todos, lìbrenos Dios.
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